Conaif alerta de que la desregulación de la fontanería puede acabar con 5.000 empresas

En un conferencia de prensa celebrada en la sede de Conaif en Madrid el pasado 27 de noviembre, Esteban Blanco, el presidente de la Confederación de Instaladores, que agrupa a un total de 19.000 empresas de toda España, ha advertido de la situación en que se encuentran los profesionales de la fontanería.

“Nadie en la Administración Central se declara competente en este asunto, pero nosotros necesitamos salvarnos de los intrusos que ponen en peligro la continuidad de más de 5.000 empresas de fontanería de toda España”, ha afirmado Blanco. “No existe una regulación nacional de la fontanería, se pasan la pelota unos a otros y nadie se hace cargo de la situación”.

El origen del problema se encuentra en las facilidades que los intrusos encuentran para actuar libremente ante la ausencia casi total de regulación de la profesión –salvo algunas excepciones autonómicas- como consecuencia del modo como se ha aplicado en España la Directiva de Servicios y las leyes que la trasponen, entre ellas las conocidas con los sobrenombres de leyes Ómnibus y Paraguas, que pretenden la simplificación administrativa para favorecer la libre circulación de servicios.

La necesidad de una regulación de la actividad

La solución pasa por “una regulación de la actividad, y si es a nivel nacional, mejor aún porque evitaría las trabas a la movilidad interprovincial”. En otros paises europeos de nuestro entorno, “se ha traspuesto la Directiva de forma que siguen manteniendo las habilitaciones profesionales plenamente vigentes”, ha explicado Blanco.

La situación en estos momentos es que no existe un marco regulador de la fontanería en el ámbito nacional y en casi todas las comunidades autónomas  –salvo alguna excepción, como Aragón, Murcia, Canarias y País Vasco– lo han suprimido o están en proceso de hacerlo. “Se necesita con urgencia una regulación nacional que ampare la profesión y a los profesionales que la ejercen”, ha insistido Blanco. “Si no es así y de forma urgente, una parte importante de las empresas españolas de fontanería, en torno a unas 5.000, estará abocada al cierre”.

La situación también genera una enorme desprotección a los usuarios, que quedan desamparados ante una posible actuación fraudulenta. Hasta hace un tiempo, en España existía el carnet de instalador de fontanería, que se obtenía tras superar un examen y un periodo de formación previo. Ahora no existen carnés –sólo vigentes en dos Comunidades Autónomas– y tampoco un registro público oficial de empresas.

“Todo esto está provocando un efecto llamada de otros países de la Unión Europea y están trabajando personas sin cualificación ni control de ningún tipo, lo que desprotege a los usuarios y genera más economía sumergida", ha finalizado Blanco.