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El retraso regulatorio mantiene cientos de plantas fuera de servicio y abre incertidumbre sobre inversiones y competitividad industrial.
La cogeneración industrial atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Durante la jornada organizada por Ascer y Acogen en Castellón, el sector alertó de que la mitad de las instalaciones españolas permanecen paradas tras varios años de retraso en la puesta en marcha del nuevo marco regulatorio para su renovación.
Entre 2020 y 2025, España perdió el 50% de su capacidad de cogeneración industrial, pasando de aportar el 12% de la electricidad nacional al 6%. En ese periodo, 320 plantas, equivalentes a 2.000 MW, cesaron su actividad al finalizar su vida útil retributiva sin que se convocaran las subastas previstas para su renovación.
Según los datos presentados por el sector, el impacto va más allá de la producción energética. La paralización de estas instalaciones supone una pérdida estimada de 1.500 millones de euros anuales en facturación energética industrial, una reducción de la eficiencia del sistema de 13 TWh al año y la emisión de tres millones de toneladas adicionales de CO₂. En conjunto, las repercusiones económicas negativas se sitúan en torno a 2.300 millones de euros anuales, a lo que se suman efectos sobre la seguridad y la calidad del suministro eléctrico.
Las asociaciones sectoriales atribuyen esta situación al retraso acumulado en la convocatoria de las subastas de cogeneración. Solo en 2025 finalizaron su vida útil regulada 60 instalaciones, con una potencia conjunta de 400 MW, mientras que entre 2026 y 2029 expirará la concesión de otro centenar de plantas que suman aproximadamente 1.000 MW.
Durante su intervención, el director general de Acogen, Javier Rodríguez, advirtió de que, si no se aprueban medidas que permitan mantener la actividad de las instalaciones y completar el marco de inversión previsto, dos de cada tres cogeneraciones podrían estar paradas en 2030. Según explicó, esta situación comprometería tanto la competitividad industrial como la eficiencia energética del sistema.
El Gobierno prevé aprobar antes del 30 de junio el Real Decreto y la orden ministerial que regularán las futuras subastas de 1.200 MW de cogeneración. El mecanismo recibió la autorización de la Comisión Europea en enero de 2026 bajo el régimen de ayudas de Estado SA.114058 y contempla una primera convocatoria para octubre o noviembre.
El sector calcula que podrían participar entre 100 y 200 industrias, movilizando inversiones superiores a 1.800 millones de euros a través de dos o tres convocatorias hasta 2028.
Entre las principales novedades del nuevo marco destacan la ampliación de las inversiones elegibles, que incluirán biomasa, almacenamiento eléctrico y térmico, calderas eléctricas, bombas de calor, captura de CO₂ y soluciones de digitalización, así como la eliminación de la obligación de autoconsumo y la incorporación de los criterios europeos de alta eficiencia energética.
No obstante, persiste la incertidumbre sobre la retribución regulada a la operación, un parámetro considerado clave para la viabilidad económica de las instalaciones y que se conocerá una vez se publique la orden ministerial.
De forma paralela a las subastas, las asociaciones Acogen, Cogen España, Adap, Aneo y Aeversu han impulsado en el Congreso varias enmiendas durante la tramitación de la Ley de Comercio de Emisiones. El objetivo es permitir que las instalaciones cuya vida útil regulatoria haya finalizado, o esté próxima a hacerlo, puedan seguir operando hasta 2031 mientras se ejecutan las inversiones derivadas de las futuras adjudicaciones.
Según las organizaciones sectoriales, esta medida transitoria evitaría cierres definitivos antes de que entren en funcionamiento las nuevas plantas. Entre los sectores más afectados figura la industria cerámica de Castellón, que utiliza la cogeneración como una infraestructura energética estratégica para reducir consumos, mejorar la eficiencia y mantener su competitividad en los mercados internacionales.
