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Expertos advierten de que la seguridad jurídica y la ordenación del suelo son esenciales para reducir conflictos y agilizar nuevos proyectos.
El desarrollo de las energías renovables en España exige compatibilizar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización con una adecuada planificación territorial y una mayor seguridad jurídica. Aunque el suelo rural concentra buena parte de los futuros proyectos eólicos y fotovoltaicos, su disponibilidad no garantiza la viabilidad de las instalaciones, que deben superar condicionantes urbanísticos, ambientales, paisajísticos y patrimoniales.
Según Javier García, socio de GTA Villamagna, la aceleración de la transición energética debe apoyarse en una planificación previa que permita ordenar el territorio y reducir la incertidumbre durante la tramitación de los proyectos. En su opinión, agilizar los procedimientos no implica reducir las garantías administrativas, sino anticipar los posibles conflictos mediante criterios claros y homogéneos.
El incremento de proyectos renovables ha puesto de manifiesto las limitaciones de algunos instrumentos de ordenación territorial y urbanística. La coexistencia de numerosos desarrollos en determinadas zonas, unida a las diferencias regulatorias entre comunidades autónomas y a la actualización de los procedimientos administrativos, ha incrementado la complejidad de las autorizaciones.
Entre los principales factores de litigiosidad destacan la evaluación ambiental, la interpretación de los planeamientos urbanísticos y la diversidad de criterios administrativos, aspectos que pueden retrasar el desarrollo de nuevas instalaciones.
El análisis previo de un proyecto debe ir más allá de la disponibilidad de los terrenos. La clasificación urbanística del suelo, las afecciones ambientales y patrimoniales o la viabilidad de las infraestructuras de evacuación pueden condicionar su ejecución.
Además, muchas controversias se concentran en elementos auxiliares como líneas eléctricas, subestaciones, accesos o infraestructuras compartidas, cuya implantación suele afectar a varios municipios y propietarios, incrementando la complejidad administrativa y jurídica.
Desde GTA Villamagna también destacan la importancia de asegurar desde las primeras fases los acuerdos con los propietarios de los terrenos, una estrategia que contribuye a reducir la conflictividad y el riesgo de judicialización.
Junto a los aspectos técnicos y regulatorios, la aceptación social se consolida como un factor determinante para la viabilidad de los proyectos. La oposición local suele estar relacionada con la concentración de instalaciones, el impacto paisajístico, la afección sobre actividades tradicionales o la percepción de un reparto desigual de los beneficios económicos.
En este contexto, las Zonas de Aceleración de Renovables, impulsadas en línea con las directrices europeas, se presentan como una herramienta para identificar previamente las áreas más adecuadas para el desarrollo de nuevas instalaciones, reducir incertidumbres y facilitar una implantación más ordenada.
La seguridad jurídica continúa siendo uno de los principales factores de interés para promotores e inversores. Retrasos en la evaluación ambiental, recursos administrativos o suspensiones cautelares pueden afectar a la financiación de los proyectos, a los contratos de compraventa de energía y al cumplimiento de los hitos necesarios para mantener los permisos de acceso y conexión.
Por ello, los expertos recomiendan incorporar el análisis jurídico desde las fases iniciales del desarrollo de los proyectos, identificando de forma anticipada los riesgos urbanísticos, ambientales y territoriales. A su juicio, reforzar la planificación, dotar de más recursos técnicos a las administraciones y agilizar los procedimientos permitirá acelerar el despliegue de las energías renovables con mayores garantías para promotores, administraciones y propietarios.
