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El acceso a la red eléctrica, los costes de conexión y los requisitos de sostenibilidad plantean nuevos desafíos para promotores e inversores del sector.
La inversión en centros de datos en España está cada vez más condicionada por la disponibilidad de capacidad eléctrica, las condiciones de acceso y conexión a la red y el coste de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro. Estos factores se han convertido en elementos determinantes para evaluar la viabilidad técnica y económica de nuevos proyectos.
A este escenario se suma el proyecto de real decreto sometido a audiencia pública por el Gobierno, todavía en tramitación, que plantea vincular la concesión y el mantenimiento de los permisos de acceso y conexión al cumplimiento de requisitos de sostenibilidad energética e hídrica y soberanía digital.
Entre las medidas propuestas, los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW deberán respaldar, hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que esta supere el 90% del mix eléctrico. El texto también contempla nuevas obligaciones relacionadas con la eficiencia energética y el uso del agua.
El impacto de estas exigencias dependerá del estado de desarrollo de cada instalación. Los proyectos que todavía no dispongan de permisos deberán incorporar los nuevos requisitos a su planificación, mientras que aquellos que ya hayan obtenido autorizaciones y comprometido inversiones podrían afrontar mayores dificultades de adaptación.
Según Javier García, socio de GTA Villamagna, "la proximidad a una subestación o la capacidad publicada para un nudo no deben confundirse con la obtención de los permisos de acceso y de conexión para la potencia que necesita el centro".
El especialista advierte de los riesgos de comprometer inversiones en suelo, construcción o financiación sin haber obtenido previamente los permisos necesarios o comprobado las condiciones reales de conexión.
La disponibilidad de potencia eléctrica constituye uno de los principales criterios para seleccionar el emplazamiento de un centro de datos. Una parcela puede cumplir los requisitos urbanísticos y ambientales y, sin embargo, carecer de capacidad suficiente en el punto de conexión previsto.
También puede depender de ampliaciones o refuerzos de la red eléctrica cuyo coste afecte a la rentabilidad de la inversión. Por ello, incluso cuando se dispone de permisos de acceso y conexión, resulta necesario analizar las condiciones de suministro, los plazos de vigencia y las infraestructuras pendientes de ejecución.
A estos factores se añaden las posibles consecuencias económicas de las nuevas obligaciones de sostenibilidad. Los centros de procesamiento de datos, CPD, requieren suministro eléctrico continuo, mientras que la generación solar y eólica presenta variaciones a lo largo del día.
Para acreditar una cobertura renovable del consumo hora a hora, los promotores podrían necesitar combinar diferentes tecnologías de generación, ampliar la capacidad contratada o incorporar sistemas de almacenamiento energético.
Estas soluciones pueden incrementar los costes de suministro y modificar las previsiones económicas de los proyectos, especialmente en instalaciones con una elevada demanda eléctrica.
Además del suministro eléctrico, la disponibilidad de recursos hídricos y la compatibilidad urbanística y ambiental son factores determinantes para el desarrollo de estas infraestructuras.
En materia de agua, los promotores deben comprobar tanto la disponibilidad del recurso como las condiciones legales para su utilización, ya sea mediante la red municipal o a través de captaciones directas. También deben considerar las autorizaciones y requisitos aplicables a los vertidos.
El proyecto de real decreto incorpora nuevas exigencias de eficiencia energética e hídrica, que deberán tenerse en cuenta en el diseño y la planificación de las instalaciones afectadas.
Desde GTA Villamagna señalan que, antes de formalizar una inversión, es necesario verificar la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, la obtención de licencias municipales y autorizaciones ambientales y la disponibilidad de derechos sobre los terrenos.
Esta revisión debe incluir no solo la parcela principal, sino también las superficies destinadas a accesos, instalaciones auxiliares e infraestructuras de conexión eléctrica.
La ausencia de alguno de estos requisitos puede provocar retrasos en la ejecución, incrementar los costes o comprometer la viabilidad del proyecto.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto de real decreto es su posible aplicación a instalaciones que ya se encuentran en fase de desarrollo.
Según el texto sometido a audiencia pública, las solicitudes de acceso y conexión que permanezcan pendientes cuando entre en vigor la norma quedarían sujetas a los nuevos requisitos. En estos casos, los promotores dispondrían de tres meses para acreditar su cumplimiento.
La situación resulta especialmente significativa para los centros de datos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red eléctrica.
Para estos proyectos, la propuesta establece un plazo de seis meses para acreditar el cumplimiento de las nuevas condiciones. En caso contrario, se produciría la caducidad de los permisos y la ejecución de las garantías depositadas.
No obstante, el texto contempla la posibilidad de renunciar a los permisos dentro de ese mismo plazo sin que se ejecuten las garantías.
Este régimen podría obligar a los promotores a revisar las características técnicas de sus instalaciones, los contratos suscritos, los calendarios de ejecución y las previsiones de rentabilidad.
En cualquier caso, estas disposiciones todavía no son definitivas, ya que su aplicación dependerá del contenido final de la norma y de su entrada en vigor.
Ante este escenario, la revisión legal previa a la adquisición, financiación o desarrollo de centros de datos adquiere especial relevancia para identificar riesgos regulatorios y económicos.
Según GTA Villamagna, el análisis debe abarcar las condiciones y la potencia de los permisos de acceso y conexión, las obras necesarias para materializar el suministro y sus costes asociados.
También resulta necesario comprobar la compatibilidad urbanística, las autorizaciones ambientales y municipales, los derechos sobre los terrenos y la disponibilidad legal del agua.
A estos aspectos se suma la evaluación de la situación del proyecto respecto a la futura regulación, así como la capacidad de sus instalaciones y contratos de suministro para cumplir las exigencias energéticas previstas.
Esta revisión permitirá determinar las posibles necesidades de adaptación y su impacto sobre la inversión inicialmente planteada.
"La regulación puede contribuir a ordenar el sector y favorecer los proyectos más sólidos, pero su eficacia dependerá de que ofrezca seguridad jurídica y no introduzca barreras que terminen desplazando inversiones viables hacia otros países de la Unión Europea", señala Javier García, socio de GTA Villamagna.
La evolución del marco normativo y de las condiciones de acceso a la red eléctrica será, por tanto, determinante para la planificación de nuevas inversiones en centros de datos en España, especialmente en aquellos proyectos que todavía no han completado su conexión al sistema eléctrico.
